A medida que la conciencia social en torno a las cuestiones éticas sigue evolucionando en todo el mundo, Alemania se une a varios países en la aplicación de un marco jurídico centrado en la mejora de los derechos humanos a escala internacional. La Ley alemana de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro establece requisitos específicos para la gestión de la cadena de suministro de las empresas alemanas, con la intención de erradicar las violaciones de los derechos humanos en todos los puntos de la cadena de suministro. 

Un informe publicado por el Gobierno alemán reveló que el 80 % de las empresas alemanas de tamaño medio y grande no aplican la diligencia debida suficiente a su cadena de suministro. Por ello, el 1 de enero de 2023 entrará en vigor la Ley alemana de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro, conocida como Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. La Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro introducirá algunos cambios significativos en la forma de gestionar la cadena de suministro en Alemania, con el objetivo de aumentar la transparencia, promover la mejora de los derechos humanos y fomentar la seguridad jurídica y la competencia leal.

Las leyes y la legislación mundiales relativas a la Diligencia Debida en la Cadena de Suministro tienen su origen en las prácticas poco éticas de las que hoy en día se benefician muchas grandes empresas. Estas prácticas incluyen el trabajo infantil, el trabajo forzado, el incumplimiento de las normas de seguridad en el entorno laboral o la remuneración injusta. Esta ley también pretende eliminar ciertas prácticas peligrosas para el medio ambiente, como la contaminación del suelo, el agua y el aire, la fabricación de productos con mercurio y el tratamiento de los residuos de mercurio y el uso de contaminantes orgánicos persistentes.

¿A qué empresas afecta la Ley?

Cuando la ley entre en vigor en el nuevo año, estos requisitos de diligencia debida se exigirán a las empresas alemanas que empleen a más de 3000 personas y a cualquier empresa extranjera con filiales o sucursales alemanas. El tamaño de la empresa se calculará en función del número de empleados de todas las filiales. Otra fecha clave a tener en cuenta es el 1 de enero de 2024. Ese día, la ley se aplicará a cualquier empresa con sede o sucursales en Alemania que emplee a 1.000 o más trabajadores.

¿Qué significa esto?

¿Qué significa esto para los afectados por la introducción de la Ley? Todas las empresas afectadas deben dar un paso atrás y revisar su cadena de suministro. Deben identificar los riesgos actuales y la forma en que las operaciones de la organización repercuten en el medio ambiente y en las personas. Algunas medidas tácticas que pueden adoptarse para garantizar el cumplimiento son las siguientes;

(1) Si aún no lo ha hecho, empiece a implantar un sistema de gestión de proveedores que le permita tener una visión general de las operaciones y de sus proveedores. Utilice este sistema para realizar evaluaciones periódicas, identificando los riesgos actuales y potenciales. De este modo, podrá actuar para eliminar cualquier riesgo con potencial de repercutir negativamente en los derechos humanos y el medio ambiente.

(2) Publicar una declaración de política sobre la estrategia de derechos humanos. Debe abarcar el código de conducta de los proveedores, los procedimientos de denuncia, los mecanismos de reclamación, la diligencia debida, etc.

(3) Establecer medidas de control para garantizar el cumplimiento con los proveedores directos y prevenir posibles violaciones de los derechos humanos dentro de la empresa.

(4) Publicar cada año un informe en el que se evidencien los riesgos identificados para ese año y cómo se han abordado o se están abordando.

Sanciones por incumplimiento

En virtud de la nueva ley, las empresas están obligadas a divulgar toda la documentación sobre cómo cumplen las obligaciones de diligencia debida, los riesgos detectados o las denuncias, y las medidas adoptadas en respuesta. Si una empresa tiene conocimiento de alguna infracción y no responde activamente, se expone a una multa coercitiva de hasta 50.000 euros. Si la empresa en cuestión tiene unos ingresos anuales superiores a 400 millones de euros, las multas administrativas pueden ascender al dos por ciento de los ingresos anuales de la empresa. Cumplir la legislación también permite optar a la adjudicación de contratos públicos, por lo que el incumplimiento puede acarrear la exclusión de este programa durante un máximo de tres años.

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